Historia de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú

 

La historia del Perú tiene tres etapas, el Período prehispánico o de autonomía (1.000 a.C.-1532), Período de influencia hispánica o época virreinal (1583-1821) y el Período republicano (1821-Actualidad).

 

En el periodo prehispánico, el trabajo tenía un sentido social y comunitario, en favor del pueblo, de los dioses o del Estado. Ningún individuo podía dejar de trabajar, solo los incapacitados.  El trabajo era equitativo para el hombre y la mujer, según su capacidad, posibilidad y esfuerzo.

 

Por ejemplo, en el imperio incaico existían distintas formas de trabajo, vigentes hasta el día de hoy en algunas zonas rurales del país: la minka, el ayni y la mita. Esta última, era un sistema de trabajo comunitario a favor del Estado Imperial del Tahuantinsuyo, donde se movilizaban multitudes de personas a trabajar por turno en labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, explotación de minas, entre otros. Los obligados a cumplir esta labor eran los adultos hombres casados, cuya edad estaba entre los 18 y 50 años.

 

En el virreinato, fueron aplicadas al Perú las ordenanzas de Nueva España de 1786, en cumplimiento a la Real Orden del mismo año, las cuales estuvieron vigentes hasta la promulgación del Código de Minería de 1900. Jorge Cáceres señala que en dicha época las reglas de protección de la corona española no configuraban el reconocimiento de una legislación de protección al trabajador minero, sino que eran reglas complementarias de la obligación del minero con la Corona para conducir la mina con estándares mínimos de higiene y seguridad para quienes laboraban allí, en condiciones de trabajo forzoso propio de la “mita minera”.

 

Las ordenanzas en Minería establecían, entre otros, la prohibición para que laboren artífices (personas sin experiencia); cómo debían labrarse, fortificarse y ampararse las minas; y, disposiciones para conservarlas limpias y desahogadas (ventiladas).

 

En la época republicana se menciona por primera vez a la “salud ocupacional” cuando se hace referencia a los indígenas obligados a trabajar en las minas donde pocos sobrevivían por intoxicación.

 

Esta época es conocida como la era científica de la Salud Ocupacional (1926), porque se encarga a la Dirección de Salubridad del Ministerio de Fomento (Hoy en día el Ministerio de Salud), el control e inspección de higiene de todos los centros de trabajo. Se crean instituciones como centros de entrenamiento para la higiene industrial, de investigación y descentralizados en algunas regiones del país.

 

Profesionales con reconocimiento mundial como el Dr. Frederick J. Vintinner y el Ing. John Bloomfield trabajaron varios años en el Instituto de Salud Ocupacional (INSO) del Perú. Otro destacado profesional de la época es el médico Alberto Hurtado Abadía, quien realizó estudios sobre el mal de altura.

 

En estos años, también destaca la participación del diputado Matías Manzanilla, quien defendió el proyecto de la Ley de Accidentes del trabajo ante la Cámara de diputados y el Senado, promulgándose el 20 de enero de 1911 por el presidente Leguía.

 

El gran auge y crecimiento de la minería en el Perú, el incremento de la industria, así como el desarrollo del Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, son las principales razones por las que se establecieron regulaciones para prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales, controlar los riesgos en el trabajo y la contaminación ambiental y procurar la sostenibilidad de las actividades económicas sin costos ni conflictos sociales.

 

Principales regulaciones de SST en el Perú 

La Constitución Política del Perú de 1979 consagró en su artículo 47, “la responsabilidad del Estado de dictar medidas sobre higiene y seguridad en el trabajo que permita prevenir los riesgos profesionales y asegurar la salud y la integridad física y mental de los trabajadores”. Si bien la actual Constitución de 1993 no contiene un artículo específico sobre SST; sí regula el derecho a la protección de la salud de las personas y de su comunidad, así como el derecho al trabajo sin limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad de los trabajadores.

 

Respecto al marco legal y reglamentario en materia de SST, se configuró en dos etapas; una en la que se reconocía la responsabilidad del empleador frente a los riesgos del trabajo, pero con un enfoque reactivo; y, la otra que comienza a partir de la publicación de los reglamentos sectoriales de SST, con un enfoque más proactivo.

 

En 1964 el Decreto Supremo 42-F dictó el Reglamento en Seguridad Industrial, en 1965 el Decreto Supremo 029-65-DGS reglamentó la Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales, en 1985 la Resolución Suprema 021-83-TR reguló las Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación y en 2001 se dictó el Decreto Supremo 046-2001-EM, Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.

 

En el 2005, mediante Decreto Supremo Nº 009-2005-TR se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicable al régimen laboral de la actividad privada, el cual establecía la obligación de los empleadores de contar con un Sistema de Gestión de SST (SGSST) y buscaba unificar los criterios de los reglamentos sectoriales que estaban vigentes.

 

Posteriormente, dicha norma se derogó y en su reemplazo se publicó la Ley de SST y su Reglamento; ambas normas reinantes en la actualidad enfatizan la mejora continua del SGSST y son aplicables a todos los sectores económicos y de servicios del régimen público o privado. En mérito a ello, se han actualizado los reglamentos sectoriales de construcción y minería; así también, se ha publicado el Reglamento de SST para obreros municipales.

 

Referencias

·         Cáceres, Jorge. (2016) Severidad e indulgencia en las normas en seguridad minera: El caso de las ordenanzas mineras de Nueva España de 1785. Blog Seguridad y Salud en el Trabajo. Obtenido el 20.12.2020 de: http://blog.pucp.edu.pe/blog/seguridadysaludocupacionalenelperu/2016/08/23/severidad-e-indulgencia-en-las-normas-en-seguridad-minera-el-caso-de-las-ordenanzas-mineras-de-nueva-espana-de-1785/

·         Ceroni, Mario. (2011). Homenaje al Dr. José Matías Manzanilla Barrientos: a los 100 años de promulgada la Ley de Accidentes de Trabajo, N° 1378. Revista de la Sociedad Química del Perú, 77(3), 171-172. Recuperado en 21 de diciembre de 2020, de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1810-634X2011000300001&lng=es&tlng=en.

·         Congreso de la República del Perú. (2010). Debaten Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Servicio de noticias Oficina de Comunicaciones del Congreso. Obtenido el 20.12.2020 de: http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/542524EC53B35443052577D900733C60/?OpenDocument

·         Cossio-Brazzan, J. (2014). Historia del Instituto Nacional de Salud Ocupacional del Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 29(2). Obtenido el 20.12.2020 de: https://doi.org/10.17843/rpmesp.2012.292.357

·         Tamayo, Jesús; Salvador, Julio; Vásquez, Arturo y Víctor Zurita (Editores) (2017). La industria de la minería en el Perú: 20 años de contribución al crecimiento y desarrollo económico del país. Osinergmin. Lima-Perú.

¿Se debe aplicar primero el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito- SOAT o el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo- SCTR ante un accidente de tránsito que ocurre en cumplimiento de las funciones de un trabajador?

 

Caso hipotético: Un trabajador que cuenta con SCTR debido a que realiza actividades de riesgo (Anexo 5 del decreto Supremo Nº 009-97-SA, modificado por el Decreto Supremo Nº 003-98-SA) es atropellado en cumplimiento de sus funciones por un conductor cuyo vehículo cuenta SOAT.

Para el caso en mención, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 001-2004-MTC que modifica el TUO del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por D.S. Nº 024-2002-MTC, señala lo siguiente:

“Artículo 36.- Las indemnizaciones y prestaciones previstas por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito se pagarán con preferencia a cualquiera otra que favorezca a la víctima o a sus beneficiarios en virtud de seguros particulares y/o coberturas propias del sistema de seguridad social, incluyendo la que provenga de la legislación sobre accidentes del trabajo, las que se pagarán en la parte no cubierta por el seguro que se establece en este Reglamento.”

Por ello, en primer lugar, se deben hacer efectivas las prestaciones del SOAT y luego las que corresponden a los asegurados al SCTR que cumplen con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 003-98-SA, que aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

¿La prevención de riesgos laborales es rentable?

La prevención de riesgos laborales sí es rentable, basta fijarnos en los costos económicos asociados a los accidentes en el trabajo.

Mossink & Greef (2002)[1], en un documento elaborado  para la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el trabajo, plantea la existencia de cinco tipos de costos asociados a los accidentes en el trabajo: (i) costos en la productividad, (ii) costos en salud, (iii) Pérdidas en la calidad de vida, (iv) costos administrativos, y (v) costos de seguro. Cada uno de estos costos afecta de diferente manera a los cuatro principales actores involucrados: los trabajadores y sus familiares, empleadores, el gobierno y la sociedad.

En el ámbito nacional, el trabajo de Cossio (2015)[2] reflexiona sobre cómo la adopción de medidas de prevención de riesgos laborales puede repercutir en una mejora de la productividad del Perú. Para ello, el autor determina los potenciales costos que pueden generar los accidentes de trabajo notificados al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) durante el periodo del año 2011 al 2014.

Luego de la asignación de los valores hipotéticos de los costos identificados asociados a cada tipo de accidente, el autor estima los costos totales en función de los accidentes de trabajo notificados al MTPE. Con este valor, fue posible establecer cómo los accidentes de trabajo han impactado en el Producto Bruto Interno, representando el 0.58% para el año 2013.

Asimismo, con la finalidad de contar con un estudio de valoración económica de los accidentes de trabajo, el MTPE ha elaborado distintos trabajos por etapas. El primero consistió en establecer una metodología de medición para valorizar económicamente los accidentes de trabajo en el Perú[3].

A partir de dicho estudio, se ha definido una metodología agregada de valorización de los accidentes de trabajo. Este tipo de metodología requiere la identificación y suma de los costos asociados a nivel de trabajador accidentado.

El cálculo agregado del valor económico estimado por accidente laboral se estimó a partir de una sumatoria simple de los cinco componentes principales: Costo de indemnizaciones, costo de multas, costo por salarios perdidos, costos por gastos médicos y costo por auxilio funerario.

En ese orden de ideas, los costos por accidentes laborales para el año 2017 ascendieron a S/465,097,548.00 (soles), lo cual representaba aproximadamente US$138,835,088.00 (dólares). De estos, el 94.01% es explicado por el costo de indemnizaciones, 3.33% por el costo por multas, 1.32% por el costo por salarios perdidos, 1.25% por el costo médico y 0.10% por el costo por auxilio funerario.

 

Costo agregado por accidentes laborales según tipo de costo 2017

Posteriormente, sobre la base del primer estudio de valoración económica, se estableció el valor para el periodo 2018 en S/ 360, 335,727.41 (soles), equivalente a US$ 109, 192,644.00 (dólares) aproximadamente. La variación, se debe principalmente a la mayor precisión en Multas y sinceramiento en el método de costo de Gastos Médicos. Asimismo, se realizaron precisiones en el Valor Estadístico de la Vida[4], al considerar a los afectados por accidentes no mortales.

Además del impacto económico provocado por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, existe también un costo intangible que no reflejan estas cifras, las cuales están asociadas al sufrimiento humano que es imposible de medir. Esta situación es triste y lamentable porque, como han demostrado repetidamente la investigación y la práctica, pueden prevenirse en gran medida.[5]

Efectivamente, en seguridad y salud es “mejor prevenir que lamentar”, el empleador que asume como “gastos” las inversiones en prevención de riesgos, olvida o desconoce que estas medidas garantizan el bienestar de los trabajadores y de los empleadores (quien también puede sufrir accidentes de trabajo), permite que los empleados estén más comprometidos y realicen mejor sus labores, permite ahorrar costos económicos visibles e invisibles, entre otros beneficios.

El empleador debe enfocarse en la prevención antes de emprender o ampliar un negocio; para ello, los costos en SST deben estar integrados en la inversión total que desea realizar. Lo ahorrado en costos económicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales debería reinvertirse en tecnología preventiva. Por su parte, el Estado debe implementar alternativas viables para “premiar” a las empresas que invierten en SST; por ejemplo, incentivos tributarios o bonos por invertir en SST.

En el Perú, con la finalidad de incentivar la prevención de accidentes y enfermedades profesionales en las organizaciones, dos veces al año la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos de la Dirección General de Trabajo del MTPE, realiza el Concurso de Buenas Prácticas Laborales, el cual incluye una subcategoría de Prevención de riesgos en Salud y Seguridad Laboral. En el año 2019 se concedió el premio a ocho empresas.

En el 2018, la empresa RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S. A., una de las ganadoras del premio, refirió que la buena práctica implementada comprende varias acciones. “Existen tres diferentes ejes en los que se ha requerido la participación activa de los colaboradores. Estos ejes son la utilización de tecnologías de la información (innovación tecnológica en seguridad), personas (estrategia comunicacional) y sistemas de trabajo”. El objetivo de la práctica es forjar una cultura preventiva, reduciendo el riesgo al que se exponen los trabajadores por condiciones inseguras o comportamientos inseguros en las actividades eléctricas.[6]

---

[1] Mossink, J., & Greef, M. De. (2002). Inventory of socioeconomic costos of work accidentes. European Agency for Safety and Health Al Work.

[2] Cossio, J. A. (2014). Hacia una Aproximación al Estudio del Impacto Económico de los Accidentes de Trabajo en el Perú durante los años 2011 a 2014: La Prevención de los Riesgos Laborales y la Productividad.

[3] MTPE. (2017). Diseño metodológico para el estudio de valoración económica en materia de seguridad y salud en el trabajo. Disponible en: http://www.trabajo.gob.pe/CONSSAT/PDF/2018/Metodologia_Valoracion_Economica_.pdf

MTPE. (2018). Consultoría para la obtención del valor económico de los accidentes de trabajo en el Perú. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/302188/Estudio_Valoraci%C3%B3n_Econ%C3%B3mica_181116_MTPE_VF__4_.pdf 

[4] El Valor Estadístico de la Vida es un indicador aproximado de la Pérdida de calidad de vida que sufren los accidentados y su entorno próximo (Irastorza y otros, 2014) Irastorza, X., de Weerd, M., Tierney, R., Duuren-Stuurman, B., Bertranou, E. & Elsler, D. (2014). Estimating the costs of accidents and ill-health at work - A review of methodologies. Recuperado Julio 31, 2019, de https://www.researchgate.net/publication/280254073_Estimating_the_costs_of_accidents_and_illhealth_at_work_-_A_review_of_methodologies/citation/download

[5] OIT. Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia. Organización Internacional del Trabajo. Primera edición (2019)

[6] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/471601/Brochure_BPL_2018.pdf

PERIODO DE SERVICIO A BORDO: Riesgos psicosociales en las condiciones de empleo de la gente de mar

En el marco de la Constitución Política del Perú y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el ejercicio del derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre guarda estrecha relación con la implantación de una jornada de trabajo razonable; además, toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

El Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) no ha sido ratificado por el Perú; sin embargo, sus disposiciones son ilustrativas respecto a las condiciones óptimas de empleo de la gente de mar:

• Las ampliaciones del periodo de servicio a bordo originalmente previsto en los contratos de trabajo pueden extenderse, previo consentimiento de la gente de mar.
• El periodo máximo de servicio a bordo de la gente no debe superar los doce meses, al término de este plazo tienen derecho a ser repatriados y/o gozar de vacaciones.
• Deberán concederse a la gente de mar permisos para bajar a tierra, con el fin de favorecer su salud y bienestar.

En los últimos tiempos, se han reconocido y admitido de manera generalizada el estrés inherente a la profesión, el aislamiento y las presiones sociales que experimenta la gente de mar, agudizadas por la pandemia; así como, el peligro en la salud mental de la gente de mar y la seguridad de la navegación debido al cansancio[1] .

Al respecto, las normas de seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783 y la Resolución Ministerial Nº375-2008-TR) señalan que, los factores de riesgo biopsicosociales están directamente relacionados con el ambiente, la organización, el contenido del trabajo y la realización de las tareas, y que se considera que existe exposición a ellos cuando se perjudica la salud de los trabajadores causando estrés y, a largo plazo, una serie de sintomatologías clínicas. Por ello, la organización del trabajo debe ser adecuada a las características físicas y mentales de los trabajadores y la naturaleza del trabajo que se esté realizando.

En este contexto, el rol del empleador consiste en prever que la exposición a los agentes psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no genere daños en la salud de los trabajadores, más aún en el marco de la pandemia por la Covid-19, para lo cual deben establecer las medidas preventivas y correctivas que correspondan, según lo determine el Servicio de Seguridad y salud en el Trabajo o el que haga sus veces. (Resolución Ministerial Nº448-2020-MINSA).

---

[1] Declaraciones del Comité Tripartito Especial establecido en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006). El Comité, es el órgano tripartito que se estableció en virtud del artículo XIII del MLC, 2006, para hacer un seguimiento continuo de la aplicación de este Convenio. Los miembros de la Mesa del Comité son designados por el Consejo de Administración de la OIT por un período de tres años.

CALIFICACIÓN DE LA COVID 19 COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

La COVID 19

De acuerdo a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)[1], la COVID 19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus^[2] que se ha descubierto más recientemente (SARS-CoV-2), puede producir una infección respiratoria leve, moderada, o incluso la muerte.

Actualmente, la COVID‑19 ha sido catalogada como pandemia debido a que los humanos no somos inmunes a ella y su propagación se ha extendido por todo el mundo.

 

Enfermedad profesional

La Decisión 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala que la enfermedad profesional es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.

En la misma línea, el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionadas al trabajo.

Por otro lado, el Decreto Supremo Nº 003-98-SA que contiene las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) define a la enfermedad profesional como todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.

 

Factores de riesgo

Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión[3]. En el ámbito laboral, los factores de riesgo pueden ocasionar alteraciones en la salud de los trabajadores. Entre ellos, tenemos:

FACTORES DE RIESGO	AGENTES
Físicos	Ruido, vibración, iluminación, temperaturas extremas, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, etc.
Químicos	Polvos, humos, gases, vapores.
Biológicos	Virus, bacterias, hongos, parásitos microorganismo aero mesófilo.
Ergonómicos	Posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas, ritmo de trabajo.
Psicosociales	Contenido de la tarea, relaciones humanas, carga trabajo mental, etc.

 

Listado de enfermedades profesionales

El Decreto Supremo Nº 003-98-SA antes mencionado, encarga a una COMISIÓN TÉCNICA MÉDICA proponer ante el Ministerio de Salud una Tabla de Enfermedades Profesionales y su vinculación causal con la clase de trabajo que la origina.

Por ello, mediante Resolución Ministerial Nº480-2008-SA se aprueba la NTS Nº 068-MINSA/DGSP-V.1 Norma Técnica de Salud que establece el “Listado de Enfermedades Profesionales”, considerada como referencia oficial para la identificación de su padecimiento a fin de otorgar la cobertura del SCTR.

Este listado fue considerado de carácter abierto, para que en el futuro pueda continuar admitiendo otras enfermedades que sean consideradas como profesionales; es decir, si una enfermedad no aparece en dicha tabla, pero se demuestra que existe relación de causalidad con la clase de trabajo que desempeña el trabajador o el ambiente en que labora, será reconocida como enfermedad profesional.

El Listado de Enfermedades Profesionales esta ordenado en seis grupos. En el Grupo 3 referido a las Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos se señala que, dadas las peculiaridades de este grupo, “podrán ser objeto de inclusión todas aquellas patologías subsiguientes a contagio en el medio laboral para trabajadores en contacto con portadores del germen en cuestión”.

 

Experiencia comparada

Los países de la región y del continente europeo se han pronunciado con posturas oficiales sobre la calificación de la COVID 19 como enfermedad profesional. Entre otros pronunciamientos, tenemos:

 

PAÍS	DOCUMENTO	FECHA	CALIFICACIÓN DE LA COVID 19
Brasil	Medida Provisoria 927/2020	22.03.2020	La Medida Provisoria 927/2020 emitida por el Presidente de la República establece en el artículo 29 que "los casos de contaminación por coronavirus (COVID-19) no se considerarán ocupacionales, salvo previa prueba del vínculo causal.” Sin embargo, a juicio de siete Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADI) presentadas contra la Medida Provisoria, el Tribunal Supremo Federal suspendió en una decisión preliminar la efectividad de este artículo, reconociendo a la COVID 19 como enfermedad profesional y eliminando la carga de la prueba para el trabajador que debe demostrar que la infección por coronavirus fue ocupacional.[4]
Ecuador	Resolución Ministerial Nro. MDT-2020-023	29.04.2020	El Ministerio de Trabajo resolvió que la COVID 19 no será considerada como “un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional”, a excepción de los casos que se determinen de forma científica que tengan “vínculo directo con la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador”.
Colombia	Decreto 676 de 2020	19.05.2020	El Decreto 676 de 2020, establece que la COVID 19 será considerada como una enfermedad directa, contraída por los trabajadores del sector salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia, y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad.
Argentina	Decreto Presidencial 367/2020	13.04.2020	El Decreto Presidencial 367 establece que la COVID 19 se considerará presuntivamente una enfermedad de carácter profesional, respecto de los trabajadores dependientes excluidos del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (trabajadores de actividades declaradas esenciales), salvo en  los casos de trabajadores de la salud que se considerará de causalidad directa e inmediata con la labor efectuada.
Chile	Dictamen 1482-2020	27.04.2020	El Dictamen 1482-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social establece que tratándose de trabajadores que se desempeñen en establecimientos de salud, que sean diagnosticados con COVID 19 o determinados como contactos estrechos, deberán ser calificados como de origen laboral por el respectivo organismo administrador o la empresa con administración delegada; excepto cuando se demuestre que el contagio de dicha enfermedad o la situación de contacto estrecho no fue a causa de su trabajo.
Bolivia	Instructivo INS/ASUSS/DGE/DJ N°0003/2020 (Ver Anexo 1)	15.05.2020	Mediante Instructivo INS/ASUSS/DGE/DJ N°0003/2020, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo señala que si algún trabajador da positivo al Covid-19 como consecuencia del trabajo, la empresa deberá emitir el certificado de incapacidad temporal por accidente de trabajo, pero si luego fallece, se deberá indemnizar con 24 salarios. Sin embargo, este instructivo fue suspendido mediante comunicado de fecha 25 de mayo de 2020[5].
España	Real Decreto Ley 6/2020	10.03.2020	El Ministerio de Trabajo a través del artículo quinto del Real Decreto Ley 6/2020 ha establecido que “se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo (…), en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.
Italia	Decreto Ley n. 18     Circular Inail n. 13	17.03.2020     03.04.2020	El Instituto Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo de Italia (INAIL) ha confirmado que la infección por coronavirus de los médicos, los enfermeros y otros empleados del Servicio Nacional de Salud (SSN) y de otros centros sanitarios públicos y privados se considera enfermedad profesional. Para este grupo de empleados, el vínculo causal entre el trabajo y la infección se supone automáticamente, con el objetivo de proporcionar cobertura también en los casos en los que sea problemático determinar las causas específicas y los métodos de trabajo en relación con la infección. Además, la protección del INAIL también se aplica a los casos de COVID-19 en los que el virus SARS CoV 2 se contrajo en el trayecto de ida y vuelta al trabajo.

 

En resumen, los países que reconocen la COVID 19 como enfermedad profesional, lo han acotado principalmente para los trabajadores del sector salud, considerando su nivel de exposición al agente biológico SARS-CoV-2.

 

Asimismo, los países que no han calificado a la COVID 19 como enfermedad profesional señalan que esta enfermedad se encuentra en la fase de contagio comunitario; por lo tanto, no es posible determinar si se adquirió en el centro de labores o fuera de él.

 

Disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La OIT ha determinado que la enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo, podrían considerarse como enfermedades profesionales.[6]

 

Asimismo, en la medida en que los trabajadores sufran de estas afecciones y estén incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberían tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos.[7]

 

El párrafo 1.3.9 del anexo de la Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194) recomienda que el listado nacional debería incluir, entre otras cosas, enfermedades causadas por agentes biológicos en el trabajo cuando se haya establecido, científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica nacionales, un vínculo directo entre la exposición a dichos agentes biológicos que resulte de las actividades laborales y las enfermedades contraídas por el trabajador.

 

Implicancias del reconocimiento de la COVID 19 como enfermedad profesional

A la luz de lo establecido en el Convenio 102 de la OIT^[8], norma mínima en seguridad social, los países miembros deben garantizar la concesión de prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional para las personas protegidas.

Asimismo, señala que las contingencias cubiertas deberán comprender las siguientes, cuando sean ocasionadas por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional prescritos:

a)     estado mórbido;

b)     incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido y entrañe la suspensión de ganancias, según la defina la legislación nacional;

c)    pérdida total de la capacidad para ganar o pérdida parcial que exceda de un grado prescrito, cuando sea probable que dicha pérdida total o parcial sea permanente, o disminución correspondiente de las facultades físicas; y

d)    pérdida de medios de existencia sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de familia; en el caso de la viuda, el derecho a las prestaciones puede quedar condicionado a la presunción, conforme a la legislación nacional, de que es incapaz de subvenir a sus propias necesidades.

En el caso de nuestro país, las contingencias por enfermedades profesionales son cubiertas por el SCTR, el cual abarca salud (atención médica, hospitalización, farmacia, prótesis) y pensiones (indemnización, pensión de invalidez, viudez, orfandad, gastos funerales); siempre que las actividades en la entidad empleadora sean de alto riesgo, las cuales se encuentran contempladas en el listado que proporciona el Anexo 5 del D.S.009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, actualizado por el D.S. 003-98-SA.

 

Conclusiones

a)  La enfermedad profesional es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo.

b)    Los factores de riesgo pueden ser, entre otros, de tipo biológicos.

c    El SARS-CoV-2 es un factor de riesgo biológico de contagio comunitario que se ha propagado por todo el mundo.

d)    Los trabajadores se encuentran expuestos al factor biológico SARS-CoV-2 y en algunas actividades el nivel de riesgo de exposición es muy alto.

e)  Las enfermedades profesionales son coberturadas por el SCTR siempre que los trabajadores que las padecen, realicen actividades de riesgo.

  

ANEXO 1

---

[1] Obtenido de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, el 25 de mayo de 2020.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

[2] Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.

[3] Obtenido de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, el 25 de mayo de 2020.

https://www.who.int/topics/risk_factors/es/

[4]Obtenido de la página oficial del Senado Federal de Brasil, el día 26 de mayo de 2020. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/30/para-stf-covid-19-e-doenca-ocupacional-e-auditores-poderao-autuar-empresas

[5] Obtenido de la página oficial de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), el 27 de mayo de 2020.

 https://www.asuss.gob.bo/wp-content/uploads/2020/05/comunicado.pdf

[6] OIT. Las normas de la OIT y el COVID 19 (coronavirus), Preguntas frecuentes. 23 de marzo de 2020 – Versión 1.2. Obtenido de la página oficial de la OIT, el 26 de mayo de 2020.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739939.pdf

[7] De acuerdo al Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121). Este instrumento no ha sido ratificado por nuestro país.

[8] El Perú ha aceptado las partes II, III, V, VIII y IX del Convenio 102. La parte VI referida a Prestaciones en Caso de Accidente del Trabajo y de Enfermedad Profesional no ha sido ratificada por nuestro país.